No se puede ser neutral. Decreto-Ley de la función social de la vivienda

Se publicó en «LA VOZ DE CÁDIZ» el domingo 28-04-2013

Hay muchas circunstancias en las que no se puede ser neutral. No se puede ser neutral ante determinados hechos de la historia ni se puede llamar a resolver determinados conflictos de hoy mediante la negociación y el diálogo entre las partes. Especialmente si se ignora la justicia, o si entre las partes hay el desequilibrio del fuerte y el débil, del verdugo y la víctima maniatada. No se puede apelar al diálogo y al acuerdo entre las partes para resolver el conflicto entre el maltratador y la maltratada. Porque no se dan condiciones de igualdad para la negociación y, porque, cuando una de las partes pone sobre la mesa de negociación la agresión y el abuso, no hay nada que negociar.

Pues bien: tampoco se puede ser neutral entre los bancos y las víctimas de las hipotecas abusivas y los desahucios. A raíz de la promulgación del decreto de la Junta de Andalucía sobre el derecho a la vivienda han sido muchas las voces, amplificadas mediáticamente, que han cargado contra éste, refugiándose en un tono de superioridad y neutralidad distante para acabar diciendo que la solución al tema de los desahucios, las hipotecas abusivas y la falta de vivienda solo puede venir por los caminos “de la negociación con los bancos, el consenso y el diálogo entre las partes”. ¿Diálogo? ¿Entre bancos prepotentes y sin piedad y víctimas sin recursos, sin trabajo y sin asesores? ¿Entre bancos que se benefician de unas ayudas públicas que pagamos todos sin cambiar su comportamiento y víctimas a los que no ofrece ningún tipo de amparo una ley arcaica e injusta como han reconocido los tribunales europeos? No, así no es posible el diálogo porque, en este asunto están muy claros los papeles de víctima y verdugo.

En una situación injusta, entre fuertes y débiles, hay que romper la neutralidad. Por eso, Izquierda Unida, que gestiona la consejería de Fomento y Vivienda, con el Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda, ha roto la neutralidad entre los que desahucian y los desahuciados. Ha empezado a poner un poco de racionalidad en el tema de la vivienda en Andalucía. Empezando por considerar la vivienda como un derecho social – como reconoce la Constitución – y dificultando la utilización de la vivienda como elemento de especulación, es decir, de ganancia fácil de determinados inversores que quieren multiplicar sus beneficios sin riesgo, como si de un juego de resultado cierto se tratase.

Lo que más ha dolido a alguno de los corifeos de la derecha ha sido el tema de la expropiación temporal de uso a aquellos bancos, inmobiliarias y empresas en general que pretendan desahuciar a familias en grave situación económica. Subrayamos que es “de uso”: es decir, no se suprime definitivamente la posesión. Pero es igual, haciendo gala de una tremenda falta de rigor, hablan de expropiación a secas y aprovechan para invocar el sacrosanto derecho de propiedad, en tono apologético y como si de un robo sacrílego se tratase. A nadie le extraña que se expropie para hacer el AVE, una autopista o, incluso, un campo de golf. Interés general, dicen entonces. Pero, ¿no es más interés general aún proporcionar a las familias su derecho fundamental a un techo? Han amenazado con recurrir constitucionalmente el decreto, pero poco recorrido hay por ahí. El Decreto-Ley de la Función Social de la Vivienda tiene un potente anclaje jurídico en la Constitución Española (Arts. 33, 40, 47 y 128), Estatuto de Autonomía de Andalucía (Art. 25) y, también, la Declaración Internacional de Derechos Humanos (Art. 25). Todos ellos vienen a coincidir en que disfrutar de una vivienda digna es un derecho y que la propiedad en cualquiera de sus formas está supeditada siempre al interés general.

Pero, además de los desahuciados, hay más víctimas. Se trata de quienes no pueden acceder a una vivienda en condiciones adecuadas. Porque la han perdido por desahucio o porque nunca la han tenido, como tantos jóvenes a los que se condena a no emanciparse nunca. Para todos ello, la vía más racional es el alquiler. Un alquiler barato, social. En Europa alquilan su vivienda un treinta y tres por ciento de las personas, aquí sólo lo hace un diecisiete. Y esto hay que cambiarlo, especialmente en estos tiempos de movilidad laboral impuesta. Por eso, en el decreto hay todo un paquete de medidas destinadas a favorecer el alquiler, obligando a poner en el mercado las numerosas viviendas vacías que acaparan y retienen bancos e inmobiliarias. Mientras hay gente que quiere alquilar, se retienen cientos de miles de viviendas, ocultando su depreciación mediante el saneamiento artificial de sus balances conseguido gracias a las ayudas públicas que pagamos todos, también los que no tienen vivienda. De ahí que se sancione al que acapara viviendas vacías, como consecuencia de sus frustrados afanes especuladores. Pero no solo hay sanciones: También hay incentivos para terminar con los motivos que hasta ahora han desincentivado el alquiler. Se habla de seguros contra desperfectos, de garantía de cobro, etc. Pero de eso se habla menos. Porque hablar de expropiaciones – sin decir, interesadamente, que son solo de uso y temporales – tiene mucho más morbo.

En definitiva, se trata de terminar de una vez por todas con la paradoja irracional de “casas sin gente y gente sin casa”. De acabar con la neutralidad interesada de las instituciones que, hasta ahora, miraban para otro lado mientras en sus narices se producían tremendos abusos de bancos e inmobiliarias contra la gente común. Gente que elige a los que están en esas instituciones, precisamente para que los defiendan. No para que sean neutrales contra sus agresores.