No se puede ser neutral. Decreto-Ley de la función social de la vivienda

Se publicó en “LA VOZ DE CÁDIZ” el domingo 28-04-2013

Hay muchas circunstancias en las que no se puede ser neutral. No se puede ser neutral ante determinados hechos de la historia ni se puede llamar a resolver determinados conflictos de hoy mediante la negociación y el diálogo entre las partes. Especialmente si se ignora la justicia, o si entre las partes hay el desequilibrio del fuerte y el débil, del verdugo y la víctima maniatada. No se puede apelar al diálogo y al acuerdo entre las partes para resolver el conflicto entre el maltratador y la maltratada. Porque no se dan condiciones de igualdad para la negociación y, porque, cuando una de las partes pone sobre la mesa de negociación la agresión y el abuso, no hay nada que negociar.

Pues bien: tampoco se puede ser neutral entre los bancos y las víctimas de las hipotecas abusivas y los desahucios. A raíz de la promulgación del decreto de la Junta de Andalucía sobre el derecho a la vivienda han sido muchas las voces, amplificadas mediáticamente, que han cargado contra éste, refugiándose en un tono de superioridad y neutralidad distante para acabar diciendo que la solución al tema de los desahucios, las hipotecas abusivas y la falta de vivienda solo puede venir por los caminos “de la negociación con los bancos, el consenso y el diálogo entre las partes”. ¿Diálogo? ¿Entre bancos prepotentes y sin piedad y víctimas sin recursos, sin trabajo y sin asesores? ¿Entre bancos que se benefician de unas ayudas públicas que pagamos todos sin cambiar su comportamiento y víctimas a los que no ofrece ningún tipo de amparo una ley arcaica e injusta como han reconocido los tribunales europeos? No, así no es posible el diálogo porque, en este asunto están muy claros los papeles de víctima y verdugo.

En una situación injusta, entre fuertes y débiles, hay que romper la neutralidad. Por eso, Izquierda Unida, que gestiona la consejería de Fomento y Vivienda, con el Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda, ha roto la neutralidad entre los que desahucian y los desahuciados. Ha empezado a poner un poco de racionalidad en el tema de la vivienda en Andalucía. Empezando por considerar la vivienda como un derecho social – como reconoce la Constitución – y dificultando la utilización de la vivienda como elemento de especulación, es decir, de ganancia fácil de determinados inversores que quieren multiplicar sus beneficios sin riesgo, como si de un juego de resultado cierto se tratase.

Lo que más ha dolido a alguno de los corifeos de la derecha ha sido el tema de la expropiación temporal de uso a aquellos bancos, inmobiliarias y empresas en general que pretendan desahuciar a familias en grave situación económica. Subrayamos que es “de uso”: es decir, no se suprime definitivamente la posesión. Pero es igual, haciendo gala de una tremenda falta de rigor, hablan de expropiación a secas y aprovechan para invocar el sacrosanto derecho de propiedad, en tono apologético y como si de un robo sacrílego se tratase. A nadie le extraña que se expropie para hacer el AVE, una autopista o, incluso, un campo de golf. Interés general, dicen entonces. Pero, ¿no es más interés general aún proporcionar a las familias su derecho fundamental a un techo? Han amenazado con recurrir constitucionalmente el decreto, pero poco recorrido hay por ahí. El Decreto-Ley de la Función Social de la Vivienda tiene un potente anclaje jurídico en la Constitución Española (Arts. 33, 40, 47 y 128), Estatuto de Autonomía de Andalucía (Art. 25) y, también, la Declaración Internacional de Derechos Humanos (Art. 25). Todos ellos vienen a coincidir en que disfrutar de una vivienda digna es un derecho y que la propiedad en cualquiera de sus formas está supeditada siempre al interés general.

Pero, además de los desahuciados, hay más víctimas. Se trata de quienes no pueden acceder a una vivienda en condiciones adecuadas. Porque la han perdido por desahucio o porque nunca la han tenido, como tantos jóvenes a los que se condena a no emanciparse nunca. Para todos ello, la vía más racional es el alquiler. Un alquiler barato, social. En Europa alquilan su vivienda un treinta y tres por ciento de las personas, aquí sólo lo hace un diecisiete. Y esto hay que cambiarlo, especialmente en estos tiempos de movilidad laboral impuesta. Por eso, en el decreto hay todo un paquete de medidas destinadas a favorecer el alquiler, obligando a poner en el mercado las numerosas viviendas vacías que acaparan y retienen bancos e inmobiliarias. Mientras hay gente que quiere alquilar, se retienen cientos de miles de viviendas, ocultando su depreciación mediante el saneamiento artificial de sus balances conseguido gracias a las ayudas públicas que pagamos todos, también los que no tienen vivienda. De ahí que se sancione al que acapara viviendas vacías, como consecuencia de sus frustrados afanes especuladores. Pero no solo hay sanciones: También hay incentivos para terminar con los motivos que hasta ahora han desincentivado el alquiler. Se habla de seguros contra desperfectos, de garantía de cobro, etc. Pero de eso se habla menos. Porque hablar de expropiaciones – sin decir, interesadamente, que son solo de uso y temporales – tiene mucho más morbo.

En definitiva, se trata de terminar de una vez por todas con la paradoja irracional de “casas sin gente y gente sin casa”. De acabar con la neutralidad interesada de las instituciones que, hasta ahora, miraban para otro lado mientras en sus narices se producían tremendos abusos de bancos e inmobiliarias contra la gente común. Gente que elige a los que están en esas instituciones, precisamente para que los defiendan. No para que sean neutrales contra sus agresores.

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ERES y Bárcenas. ¿Hacia una gran crisis institucional?

El caso ERES no puede servir para tapar el caso Bárcenas, como a algunos les gustaría. Porque, con sus similitudes y diferencias, ambos son sumamente graves.

Recordemos ahora  algo sobre la Comisión de Investigación sobre los ERES del Parlamento de Andalucía. Ante todo que, tras haber sido rechazada diez veces por la mayoría absoluta del PSOE, fue creada gracias al decisivo voto de IU. Es decir, gracias a IU. Pero, en cualquier caso, se creó; lo que no es muy común ni ocurrió, por ejemplo, en el caso Bárcenas, en la Gürtel, con Bankia… Ello honra al Parlamento de Andalucía.

En cuanto al desarrollo de la comisión hay que señalar la sistemática negativa a declarar de muchos de los comparecientes. Y, lo importante, que la comisión de Investigación no fue capaz de presentar a la sociedad andaluza un dictamen coherente, pues la propuesta de dictamen realizada por la presidencia de la comisión fue mutilada por la coincidencia (¿sorprendente?) de PP y PSOE en eliminar de dicha propuesta elementos fundamentales. Afortunadamente, el bodrio resultante tras la mutilación – inconexo e incongruente –  fue rechazado por el Pleno del Parlamento. Dicho con claridad: No hubo dictamen de la comisión propiamente dicho que estableciera responsabilidades políticas y tampoco, consecuentemente, que exculpara a nadie.

Por ello, y aun a riesgo de parecer inmodesto, esa propuesta de la presidencia de la comisión sería lo más próximo al dictamen coherente que, a nuestro juicio debió haber emitido la comisión.  Es también reflejo del intenso trabajo realizado por ésta la cual, aun no disponiendo de medios de investigación equivalentes a los del poder judicial (Guardia Civil, sobre todo), entre otras cosas detectó y denunció lo siguiente:

– El diseño de un procedimiento de pagos a través de la Agencia IDEA, incluso cuando se situaba en una Consejería distinta a la de Empleo que era la que concedía las ayudas. Concebido con la excusa de agilizar la tramitación y eliminar la burocracia, lo que consiguió en realidad es dificultar enormemente los controles.

– La presencia de intrusos como beneficiarios de las pólizas de los ERES y la falta de criterios al determinar qué ERES se subvencionaban y cuáles no. También, la concesión de forma arbitraria de ayudas directas a empresas.

– La inexistencia de procedimientos de selección para aseguradoras e intermediarios y el pago de elevadas comisiones a estos (en algunos casos llegaron al 29%).

El documento propuesta de la presidencia de la comisión, también establecía responsabilidades -siempre en el terreno de lo político- del tenor siguiente:

– EXPLÍCITAS: En el ámbito de la Consejería de Empleo y, concretamente, en el Director General de Trabajo Francisco Guerrero (mantenido casi 10 años en el puesto y por dos consejeros), los Viceconsejeros de Em-pleo Antonio Fernández y Agustín Barberá y los Consejeros de Empleo Francisco Viera y Antonio Fernández. Se decía también que el entonces Interventor General de la Junta pudo hacer algo más, como un informe de actuación, sin que esto sea óbice para reconocer que reiteradamente había advertido de irregularidades.

– IMPLÍCITAS POR MALA PRÁCTICA: En uno u otro grado, en todo el gobierno. Porque se elegían mal y por-que  no se controlaba a los subordinados. Y, porque, a pesar de que el Consejo de Gobierno es responsable solidario de sus decisiones, nadie se enteraba de nada.

Hasta aquí el resumen de lo que pudo ser y no fue el dictamen de la Comisión de Investigación. En línea con el mismo, ahora se habla de que las cuantiosas comisiones se derramaban desde las intermediarias, al me-nos, a Guerrero, y Lanzas, con la posible existencia de empresas interpuestas y testaferros para el blanqueo del dinero. Con independencia de la responsabilidad política, que nadie ha asumido aún, y de la ineludible recuperación de los fondos mal repartidos,  ¿qué puede pasar a partir de ahora?

Evidentemente, puede ser que todo se quede en el entorno de los “cuatro golfos” y no vaya más allá; pero con la inercia actual de los acontecimientos no parece fácil. Lo peor que podría ocurrir es que, al seguir la ruta del dinero, acabase imputado, por acción u omisión, algún miembro del gobierno actual o alto cargo orgánico del PSOE. Sería grave, ¡muy grave! De crisis. La verdad tiene que saberse “caiga quien caiga”. Que lo que tenga que ser se sepa y que sea pronto. Con claridad, con pruebas y sin insinuaciones gratuitas
Pero, insistimos, el caso ERES no debe servir para tapar otros casos. Porque lo que hoy es posible en los ERES ya se ha detectado – presuntamente – en el caso Bárcenas. Podríamos decir que “Bárcenas” va por delante de “ERES”. En efecto: La Fiscalía ya ha hablado de posible financiación irregular del PP y parece bastante claro que hay altos cargos institucionales y orgánicos del PP presuntamente relacionados con las tramas de Gürtel y los papeles de Bárcenas. No hay tantas diferencias entre ambos. Porque el dinero de Bárcenas también “es de los parados”, como le gusta decir al PP. Posiblemente, ha venido de donaciones al partido que nunca son gratis y que se acaban repercutiendo en el precio de las contratas. O sea, lo pagamos todos.

Lo malo es que, de coincidir en ambos casos los peores escenarios, la crisis institucional tendría alcance nacional. Y, seguramente, a alguien se le ocurriría proponer un gran pacto  de estado contra la corrupción – con la tercera pata, la monarquía, al frente, por supuesto – de forma que todo quedase en nada a los sones de un “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir” en versión coral. Coincidencias ya hubo en la comisión de los ERES y en la reforma de la Constitución.

No, por favor. Que dejen trabajar a la justicia y que colaboren con ella al máximo. Y que termine pronto este esperpento. Porque la ciudadanía empieza a estar harta… y con razón.