No se puede ser neutral. Decreto-Ley de la función social de la vivienda

Se publicó en “LA VOZ DE CÁDIZ” el domingo 28-04-2013

Hay muchas circunstancias en las que no se puede ser neutral. No se puede ser neutral ante determinados hechos de la historia ni se puede llamar a resolver determinados conflictos de hoy mediante la negociación y el diálogo entre las partes. Especialmente si se ignora la justicia, o si entre las partes hay el desequilibrio del fuerte y el débil, del verdugo y la víctima maniatada. No se puede apelar al diálogo y al acuerdo entre las partes para resolver el conflicto entre el maltratador y la maltratada. Porque no se dan condiciones de igualdad para la negociación y, porque, cuando una de las partes pone sobre la mesa de negociación la agresión y el abuso, no hay nada que negociar.

Pues bien: tampoco se puede ser neutral entre los bancos y las víctimas de las hipotecas abusivas y los desahucios. A raíz de la promulgación del decreto de la Junta de Andalucía sobre el derecho a la vivienda han sido muchas las voces, amplificadas mediáticamente, que han cargado contra éste, refugiándose en un tono de superioridad y neutralidad distante para acabar diciendo que la solución al tema de los desahucios, las hipotecas abusivas y la falta de vivienda solo puede venir por los caminos “de la negociación con los bancos, el consenso y el diálogo entre las partes”. ¿Diálogo? ¿Entre bancos prepotentes y sin piedad y víctimas sin recursos, sin trabajo y sin asesores? ¿Entre bancos que se benefician de unas ayudas públicas que pagamos todos sin cambiar su comportamiento y víctimas a los que no ofrece ningún tipo de amparo una ley arcaica e injusta como han reconocido los tribunales europeos? No, así no es posible el diálogo porque, en este asunto están muy claros los papeles de víctima y verdugo.

En una situación injusta, entre fuertes y débiles, hay que romper la neutralidad. Por eso, Izquierda Unida, que gestiona la consejería de Fomento y Vivienda, con el Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda, ha roto la neutralidad entre los que desahucian y los desahuciados. Ha empezado a poner un poco de racionalidad en el tema de la vivienda en Andalucía. Empezando por considerar la vivienda como un derecho social – como reconoce la Constitución – y dificultando la utilización de la vivienda como elemento de especulación, es decir, de ganancia fácil de determinados inversores que quieren multiplicar sus beneficios sin riesgo, como si de un juego de resultado cierto se tratase.

Lo que más ha dolido a alguno de los corifeos de la derecha ha sido el tema de la expropiación temporal de uso a aquellos bancos, inmobiliarias y empresas en general que pretendan desahuciar a familias en grave situación económica. Subrayamos que es “de uso”: es decir, no se suprime definitivamente la posesión. Pero es igual, haciendo gala de una tremenda falta de rigor, hablan de expropiación a secas y aprovechan para invocar el sacrosanto derecho de propiedad, en tono apologético y como si de un robo sacrílego se tratase. A nadie le extraña que se expropie para hacer el AVE, una autopista o, incluso, un campo de golf. Interés general, dicen entonces. Pero, ¿no es más interés general aún proporcionar a las familias su derecho fundamental a un techo? Han amenazado con recurrir constitucionalmente el decreto, pero poco recorrido hay por ahí. El Decreto-Ley de la Función Social de la Vivienda tiene un potente anclaje jurídico en la Constitución Española (Arts. 33, 40, 47 y 128), Estatuto de Autonomía de Andalucía (Art. 25) y, también, la Declaración Internacional de Derechos Humanos (Art. 25). Todos ellos vienen a coincidir en que disfrutar de una vivienda digna es un derecho y que la propiedad en cualquiera de sus formas está supeditada siempre al interés general.

Pero, además de los desahuciados, hay más víctimas. Se trata de quienes no pueden acceder a una vivienda en condiciones adecuadas. Porque la han perdido por desahucio o porque nunca la han tenido, como tantos jóvenes a los que se condena a no emanciparse nunca. Para todos ello, la vía más racional es el alquiler. Un alquiler barato, social. En Europa alquilan su vivienda un treinta y tres por ciento de las personas, aquí sólo lo hace un diecisiete. Y esto hay que cambiarlo, especialmente en estos tiempos de movilidad laboral impuesta. Por eso, en el decreto hay todo un paquete de medidas destinadas a favorecer el alquiler, obligando a poner en el mercado las numerosas viviendas vacías que acaparan y retienen bancos e inmobiliarias. Mientras hay gente que quiere alquilar, se retienen cientos de miles de viviendas, ocultando su depreciación mediante el saneamiento artificial de sus balances conseguido gracias a las ayudas públicas que pagamos todos, también los que no tienen vivienda. De ahí que se sancione al que acapara viviendas vacías, como consecuencia de sus frustrados afanes especuladores. Pero no solo hay sanciones: También hay incentivos para terminar con los motivos que hasta ahora han desincentivado el alquiler. Se habla de seguros contra desperfectos, de garantía de cobro, etc. Pero de eso se habla menos. Porque hablar de expropiaciones – sin decir, interesadamente, que son solo de uso y temporales – tiene mucho más morbo.

En definitiva, se trata de terminar de una vez por todas con la paradoja irracional de “casas sin gente y gente sin casa”. De acabar con la neutralidad interesada de las instituciones que, hasta ahora, miraban para otro lado mientras en sus narices se producían tremendos abusos de bancos e inmobiliarias contra la gente común. Gente que elige a los que están en esas instituciones, precisamente para que los defiendan. No para que sean neutrales contra sus agresores.

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Benedicto ha afeitado sus barbas

Dice el viejo refrán “cuando las barbas de tu vecino veas afeitar pon las tuyas a remojar”.

Benedicto XVI ha dimitido. Las causas no están claras. Se sitúan en un amplio espectro que va desde la manida “razones de salud” hasta otras, más o menos rebuscadas, que hablan de conspiración palatina curial (del estilo de El Padrino III), pasando por escándalo a saltar, aislamiento, soledad, cansancio, generosidad también, etc… Por cierto: qué morbosas y desagradables resultan algunas de las frases que se han oído como “de la cruz no se baja” (¡!).

En cualquier caso se ha roto un tabú fundamental: la tradición se puede cambiar. Cualesquiera que sean las causas de la dimisión – apasionante tema para expertos en investigación histórica contemporánea y novelistas – Benedicto se ha saltado la costumbre de morir en el papado tras una agonía más o menos exhibida y comparada con la cruz. Ha afeitado la barba de que la tradición es inmutable. Setecientos años después y en una institución, la Iglesia Católica, que apoya gran parte de sus características en esa tradición, a veces, interpretada interesadamente. Institución que, guste o no, aún tiene mucha influencia en el mundo; quizás demasiada.

Teniendo en cuenta la responsabilidad histórica de la Iglesia Católica en situaciones de opresión, como la de la mujer, y en el mantenimiento de posiciones anacrónicas en casi todo lo que gira en torno a la sexualidad y la afectividad, se deberían poner a remojar todas esas barbas que, según dicen muchos que saben de esto, no tienen ninguna justificación teológica; solo la tradición. Nos referimos a cuestiones como la contumaz postergación de la mujer dentro de la propia iglesia al prohibirle acceder al sacerdocio y a otros órganos de gobierno, a la posición respecto al matrimonio homosexual, a la actitud con los divorciados, ante el celibato opcional, etc. Todas estas cosas habría que remojarlas para empezar a afeitarlas enseguida.

También habría que remojar cuestiones más de fondo. Como la propia organización de la Iglesia, sus relaciones con el poder establecido (¿hasta cuándo el trasnochado concordato español?) y los privilegios (educación, patrimonio sin IBI…), la consideración del Vaticano como un estado, los intereses económicos, el despilfarro incluso en algunas cuestiones litúrgicas y de boato.

Las comunidades cristianas de base – ignoradas, olvidadas, cuando no despreciadas por la jerarquía – llevan años soñando con todo eso, creyendo con esperanza en todo eso. Difícil parece, sobre todo si se analiza el método de sucesión papal: endogámico, endocéntrico, gerontocrático, sin transparencia y exclusivamente masculino. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde el análisis y el debate? ¿Dónde la mujer y la juventud? También esta falta de participación – en el fondo miedo a la libertad – habría que ponerlo a remojar.

P.D.:

Y, ya puestos, otras instituciones y entidades podrían también mojarse las barbas e ir pensando su dimisión. Porque, a veces, la dimisión es la única salida digna, o menos mala, a situaciones podridas, cuando a uno le rodea el escándalo y empieza a oler mal alrededor. Y hablamos de dimisión (como Alfonso XIII) y no de abdicación. Porque esa sucesión es aún peor que la elección papal donde, al menos, alguien vota. Y no pensamos solo en el monarca. También en el gobierno.

Ignacio García

Parlamentario andaluz por Izquierda Unida

El Parlamento por unanimidad insta a la Junta, a propuesta de IU, a resolver la situación de los ayudantes doctores

Vídeo

El Parlamento de Andalucía reconoce por unanimidad la “incuestionable” aportación a las Universidades Andaluzas del personal en formación y con acreditación, especialmente en lo referente a la figura de Ayudante Doctor. Así lo expresa la Cámara andaluza con la aprobación por unanimidad de una proposición no de ley que insta a la Junta a elaborar con las universidades y los agentes sociales, dentro del marco legal y competencial de Andalucía, y de acuerdo con la LOU y la LAU, una propuesta que resuelva la situación actual del Profesorado Ayudante Doctor.

La finalidad y el compromiso manifestado por el Parlamento gira en torno a “favorecer la rentabilidad social y académica, a través de la continuidad y estabilidad del profesorado, y la renovación generacional del personal docente e investigador de las universidades de Andalucía” señala Ignacio García.

Para ello, la proposición no de ley aprobada propone facilitar la conversión de los contratados como ayudantes doctores en contratados doctores, algo que en algunas comunidades autónomas se produce de forma automática y que en Andalucía requiere de una convocatoria específica, lo que, según Ignacio García, tiene que ver con que “el Gobierno central entiende como una convocatoria extraordinaria equiparada a la creación de nuevas plazas”.

Para solventar esta cuestión, el Parlamento de Andalucía insta a las universidades andaluzas, agentes sociales y Consejería de Economía, Innovación y Ciencia a “acordar y poner en marcha medidas provisionales que garanticen la continuidad del personal con acreditación y reconocimiento de méritos suficientes” hasta tanto se formula la propuesta definitiva para la “necesaria renovación generacional” del personal docente e investigador de las universidades de Andalucía.

¿A dónde vamos? De Córdoba a Tokio

“A golpes de porra y descarga eléctrica, nos introdujeron en un tren. No sabemos a dónde nos llevan. Es de noche y no podemos identificar la ruta. Solamente, de vez en cuando, a través de una rendija del vagón de ganado en el que vamos hacinados, logramos distinguir el nombre de alguna estación por la que pasa el tren. Un compañero que en su agenda lleva un mapa va punteando las estaciones que vamos identificando. A la tercera o la cuarta, el destino está claro: Auschwitz-2.”

Primera Estación: Córdoba

Izquierda Unida ha denunciado que, al menos en Córdoba, casi con toda seguridad en todas las ciudades de Andalucía, el gobierno de Rajoy ha elaborado listas con datos personales de ciudadanos participantes en diversas movilizaciones. Entre los numerosos ciudadanos que aparecen en esas listas, hay cargos públicos, miembros del gobierno andaluz y parlamentarios de Izquierda Unida.

Según la denuncia de IU “…los documentos contienen nombres, apellidos, direcciones, DNI, fechas de nacimiento y nombres de los padres, de ciudadanos y miembros de IU que, en algunos casos, participaron en la manifestación en Córdoba el pasado mes de febrero en solidaridad con los estudiantes de Valencia y otros datos de personas que no participaron en esta protesta”.

Inquietante. Podríamos estar ante auténticas listas negras que se guardan para utilizarlas ahora o más adelante. ¿Para qué se quieren estas listas? ¿Quién las elaboró u ordenó su elaboración? ¿Quién tiene acceso a ellas? ¿Para qué, para qué… para quién?

Son preguntas inquietantes a las que tendrá que responder de inmediato el Ministerio del Interior. Nos retrotraen a tiempos tenebrosos, en los que estar en estas listas podía significar no trabajar, suspender… o algo peor. Siempre, estar del lado de los condenados a perder.

La noticia puede verse en:

http://www.iuandalucia.org/izquierda-unida-constata-la-existencia-listas-negras-elaboradas-interior-que-inc

Segunda estación: Tokio

El Ministro de Finanzas japonés pide a los ancianos “que se den prisa en morir” porque su cuidado le cuesta mucho dinero al estado.

La noticia puede verse en:

http://www.eldiario24.com/nota/276240/que-los-ancianos-se-den-prisa-en-morir-pidio-un-ministro-japones.html

y en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/22/internacional/1358870209.html

Este ramalazo de sinceridad – no sabemos si fruto de un exceso de sake – pone los pelos de punta. Por fin, alguno de ellos ha verbalizado lo que piensa. Porque, atención, no dice nada de los ancianos que puedan pagarse los tratamientos y cuidados.

Y no ha dimitido ni lo han cesado. Se ha conformado con decir (en japonés, supongo) algo así como “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”.

Se empiezan a caer las pieles de cordero. Cuando todo sea privado, ¿te pedirán la póliza de tu seguro para ver si tienes derecho a un determinado tratamiento, si estás al día en las cuotas?

A lo mejor lo de Córdoba y lo de Tokio no tienen nada que ver. ¿O sí?

A lo peor son parte de las estaciones de una ruta que nos indican a dónde vamos en este tren a oscuras.

“Turnándonos, unos con su bolígrafo, otras con la patilla de las gafas… algunos con las uñas, fuimos agrandando la misma rendija que nos servían para mirar. Hasta que una de las niñas pudo sacar un brazo y abrir la puerta. Nos despreciaban tanto que creyeron que por miedo no nos atreveríamos. Pero escapamos de la oscuridad a la noche.

Y nos incorporamos a la Resistencia.”

(Del “Diario de un resistente del Siglo XXI”)

¿Pactos? Seamos serios

Ultimamente está de moda proponer pactos. Y no hablo de la constitución lógica de mayorías naturales de gobierno. Son pactos genéricos. Pactos para salir de la crisis, pactos para la reforma de los ayuntamientos, pactos por Andalucía, pactos por Cádiz, pactos por cada pueblo… Y son propuestos, unas veces, por quien está en el gobierno, y otras, por quien está en la oposición.

Pueden ser un grito desesperado de quien está ya sin ideas; pero pueden ser, también, la última esperanza y, sobre todo, una demanda social creciente desde un pueblo que se cansa de explicaciones y quiere soluciones. Una sociedad capaz de pactar en su seno para avanzar habrá dado pasos de progreso. Pero, hoy, en la práctica, ¿qué pasa que mucha gente no cree ya ni en los pactos?

Está la falta de sinceridad. Todos los potenciales componentes se apresuran a presentarse como los primeros en querer el pacto. Pero, en el fondo, se desea que fracase pudiendo presentar al otro como culpable. Por fuera se dice «yo quería, pero el otro no». Por dentro se piensa «al enemigo, ni agua» (no vaya a ser que se apunte un tanto).

Aunque la cuestión de fondo es, evidentemente, de contenido. Los pactos suelen cargarse de grandilocuencia y grandes objetivos. Objetivos tanto más huecos cuanto más grandes. Para ser realmente eficaces, los pactos tienen que tener elementos muy concretos y, también, referencias presupuestarias que den viabilidad y credibilidad a esos contenidos.

Ahora se habla de un «Pacto por Andalucía». Como objetivo es laudable y, por eso, nadie en su sano juicio político se opondrá a ello, no vaya a ser que le señalen si fracasa. Pero ¿es posible que se transforme en algo viable y positivo para todos los andaluces?

Seamos serios. El pacto no puede quedarse en una mera declaración de principios al estilo de «queremos el progreso para Andalucía», o «queremos terminar con la crisis a través de la creación de empleo en Andalucía» o «queremos servicios públicos de calidad». Eso está muy bien. Pero hay que explicar cómo se va a hacer y quién va hacer cada cosa. Hay que concretar.

Para empezar, ¡es la economía, estúpido!, como diría Clinton. Parece cada vez más claro que, sin medidas de estímulo y crecimiento desde lo público, no salimos de la recesión a la que nos ha llevado la obsesión neoliberal de Merkel y Rajoy por la consolidación fiscal y/o disminución del déficit a velocidad exprés. Para eso hace falta presionar en Madrid y Bruselas. ¿Está dispuesto el PP andaluz a hacerlo e incluir ese compromiso en el pacto?

Hace falta, también, mejorar la financiación de Andalucía. Ello pasa por incrementar las transferencias del Estado, para lo cual es preciso que este genere más ingresos. ¿Está el PP andaluz dispuesto a incluir en el pacto la demanda de una reforma fiscal global estatal (más impuestos para los ricos y empresas con grandes beneficios) y a perseguir el fraude fiscal y el dinero negro, sea de quien sea? ¿Está dispuesto el PP a pedir más dinero para Andalucía?

¿Está dispuesto también el PP a exigir el cumplimiento del Estatuto, en lo que se refiere a inversiones en Andalucía, y a exigir a Montoro que se nos dé un trato, al menos equivalente al de Cataluña a la hora de facilitarnos liquidez?

Hoy los servicios sociales públicos están siendo objeto de permanentes agresiones. Sabemos que el modelo del PP pasa por su privatización. Cuando hablamos de un modelo universal y gratuito (no para que llegue a unos pocos que, además, pueden pagar suplementos), nadie ha demostrado que la gestión privada es mejor. En Cádiz sabemos algo de eso en materia sanitaria. El beneficio económico de los inversores, detrae recursos de los servicios; y las peores condiciones laborales desmotivan al personal. ¿Está el PP dispuesto a cuestionar este modelo, su modelo, como demuestra su implantación donde gobierna?

Podemos también hablar de situaciones más concretas, que también se merecerían un sitio en ese potencial Pacto por Andalucía. Por ejemplo, lo referente a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz, algo fundamental para el empleo. Pasaría por tres patas. La primera, los astilleros de Navantia. ¿Está el PP andaluz dispuesto a reivindicar una distribución de la carga de trabajo que no margine a los astilleros andaluces y a demandar de Madrid que pelee en Europa por que se abran las posibilidades de trabajo en el sector civil? La segunda, el sector aeronáutico. ¿Está el PP andaluz dispuesto a conseguir una quita y un aplazamiento de la deuda de Alestis con el Ministerio de Industria para favorecer su viabilidad y a presionar, a través de la participación estatal española en Airbus, a que se mantenga la carga de trabajo? Y la tercera pata, la automoción. ¿Está dispuesto el PP a colaborar sin zancadillas en la generación de empleo en los antiguos terrenos de Delphi… o prefiere comprar «preferentes» con el dinero inmovilizado de Las Aletas?

En resumen, seamos serios. Pacto, sí; pero con contenido y sustancia. Se puede hablar con todo el mundo porque estamos en democracia. Pero estamos en momentos de clarificación y hay que optar. Lo contrario, el no hablar de estas cosas, es hacerse fotos, conseguir titulares… y defraudar aún más a la sociedad. El modelo del PP y el modelo de la izquierda son difícilmente compatibles.

Seamos serios. Mezclar agua y aceite estropea el agua y el aceite.