ERES y Bárcenas. ¿Hacia una gran crisis institucional?

El caso ERES no puede servir para tapar el caso Bárcenas, como a algunos les gustaría. Porque, con sus similitudes y diferencias, ambos son sumamente graves.

Recordemos ahora  algo sobre la Comisión de Investigación sobre los ERES del Parlamento de Andalucía. Ante todo que, tras haber sido rechazada diez veces por la mayoría absoluta del PSOE, fue creada gracias al decisivo voto de IU. Es decir, gracias a IU. Pero, en cualquier caso, se creó; lo que no es muy común ni ocurrió, por ejemplo, en el caso Bárcenas, en la Gürtel, con Bankia… Ello honra al Parlamento de Andalucía.

En cuanto al desarrollo de la comisión hay que señalar la sistemática negativa a declarar de muchos de los comparecientes. Y, lo importante, que la comisión de Investigación no fue capaz de presentar a la sociedad andaluza un dictamen coherente, pues la propuesta de dictamen realizada por la presidencia de la comisión fue mutilada por la coincidencia (¿sorprendente?) de PP y PSOE en eliminar de dicha propuesta elementos fundamentales. Afortunadamente, el bodrio resultante tras la mutilación – inconexo e incongruente –  fue rechazado por el Pleno del Parlamento. Dicho con claridad: No hubo dictamen de la comisión propiamente dicho que estableciera responsabilidades políticas y tampoco, consecuentemente, que exculpara a nadie.

Por ello, y aun a riesgo de parecer inmodesto, esa propuesta de la presidencia de la comisión sería lo más próximo al dictamen coherente que, a nuestro juicio debió haber emitido la comisión.  Es también reflejo del intenso trabajo realizado por ésta la cual, aun no disponiendo de medios de investigación equivalentes a los del poder judicial (Guardia Civil, sobre todo), entre otras cosas detectó y denunció lo siguiente:

– El diseño de un procedimiento de pagos a través de la Agencia IDEA, incluso cuando se situaba en una Consejería distinta a la de Empleo que era la que concedía las ayudas. Concebido con la excusa de agilizar la tramitación y eliminar la burocracia, lo que consiguió en realidad es dificultar enormemente los controles.

– La presencia de intrusos como beneficiarios de las pólizas de los ERES y la falta de criterios al determinar qué ERES se subvencionaban y cuáles no. También, la concesión de forma arbitraria de ayudas directas a empresas.

– La inexistencia de procedimientos de selección para aseguradoras e intermediarios y el pago de elevadas comisiones a estos (en algunos casos llegaron al 29%).

El documento propuesta de la presidencia de la comisión, también establecía responsabilidades -siempre en el terreno de lo político- del tenor siguiente:

– EXPLÍCITAS: En el ámbito de la Consejería de Empleo y, concretamente, en el Director General de Trabajo Francisco Guerrero (mantenido casi 10 años en el puesto y por dos consejeros), los Viceconsejeros de Em-pleo Antonio Fernández y Agustín Barberá y los Consejeros de Empleo Francisco Viera y Antonio Fernández. Se decía también que el entonces Interventor General de la Junta pudo hacer algo más, como un informe de actuación, sin que esto sea óbice para reconocer que reiteradamente había advertido de irregularidades.

– IMPLÍCITAS POR MALA PRÁCTICA: En uno u otro grado, en todo el gobierno. Porque se elegían mal y por-que  no se controlaba a los subordinados. Y, porque, a pesar de que el Consejo de Gobierno es responsable solidario de sus decisiones, nadie se enteraba de nada.

Hasta aquí el resumen de lo que pudo ser y no fue el dictamen de la Comisión de Investigación. En línea con el mismo, ahora se habla de que las cuantiosas comisiones se derramaban desde las intermediarias, al me-nos, a Guerrero, y Lanzas, con la posible existencia de empresas interpuestas y testaferros para el blanqueo del dinero. Con independencia de la responsabilidad política, que nadie ha asumido aún, y de la ineludible recuperación de los fondos mal repartidos,  ¿qué puede pasar a partir de ahora?

Evidentemente, puede ser que todo se quede en el entorno de los “cuatro golfos” y no vaya más allá; pero con la inercia actual de los acontecimientos no parece fácil. Lo peor que podría ocurrir es que, al seguir la ruta del dinero, acabase imputado, por acción u omisión, algún miembro del gobierno actual o alto cargo orgánico del PSOE. Sería grave, ¡muy grave! De crisis. La verdad tiene que saberse “caiga quien caiga”. Que lo que tenga que ser se sepa y que sea pronto. Con claridad, con pruebas y sin insinuaciones gratuitas
Pero, insistimos, el caso ERES no debe servir para tapar otros casos. Porque lo que hoy es posible en los ERES ya se ha detectado – presuntamente – en el caso Bárcenas. Podríamos decir que “Bárcenas” va por delante de “ERES”. En efecto: La Fiscalía ya ha hablado de posible financiación irregular del PP y parece bastante claro que hay altos cargos institucionales y orgánicos del PP presuntamente relacionados con las tramas de Gürtel y los papeles de Bárcenas. No hay tantas diferencias entre ambos. Porque el dinero de Bárcenas también “es de los parados”, como le gusta decir al PP. Posiblemente, ha venido de donaciones al partido que nunca son gratis y que se acaban repercutiendo en el precio de las contratas. O sea, lo pagamos todos.

Lo malo es que, de coincidir en ambos casos los peores escenarios, la crisis institucional tendría alcance nacional. Y, seguramente, a alguien se le ocurriría proponer un gran pacto  de estado contra la corrupción – con la tercera pata, la monarquía, al frente, por supuesto – de forma que todo quedase en nada a los sones de un “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir” en versión coral. Coincidencias ya hubo en la comisión de los ERES y en la reforma de la Constitución.

No, por favor. Que dejen trabajar a la justicia y que colaboren con ella al máximo. Y que termine pronto este esperpento. Porque la ciudadanía empieza a estar harta… y con razón.

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