EL GOBIERNO CENTRAL ABUSA DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ANDALUCÍA CON UNA ACTITUD VISCERAL Y ANTIDEMOCRÁTICA.

El Gobierno de Rajoy ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el DL de la Junta de Andalucía contra los desahucios y por la función social de la propiedad de la vivienda. Lo hace poco después de que Navarra aprobara un decreto similar al andaluz.

A la vista de estos hechos cabe decir lo siguiente:

. Imbuido de la ideología más ultraconservadora, el PP hace una lectura sesgada de la Constitución. Pone por encima de todo el derecho a la propiedad e ignora que este derecho está limitado por el interés general.

. El PP descubre otro trozo del pastel del memorándum secreto que acompañó el rescate bancario que pagamos todos. Según ese memorándum a los bancos no se les puede tocar y sus cuentas de resultados (y las de sus acreedores, alemanes sobre todo) están por encima del derecho a la vivienda, de nuestro sistema autonómico y de la soberanía española. No queremos conocer el memorándum a trozos. QUEREMOS QUE EL MEMORÁNDUM DEL RESCATE BANCARIO SE HAGA PÚBLICO YA Y SE DEBATA EN LAS CORTES GENERALES, COMO OCURRIRÍA EN CUALQUIER DEMOCRACIA ASENTADA. ¿A qué tienen miedo con la mayoría absoluta que tienen? ¿A hacer públicos contenidos inconfesables e inasumibles?

. ¿Qué ha pasado para presentar ahora el recurso, cuando habían anunciado que no lo iban a hacer? ¿Tienen miedo a una cascada de medidas similares en otras comunidades autónomas? ¿Tienen miedo al apoyo social al DL de Andalucía?

. ¿Por qué anuncian ahora un recurso a la Ley Andaluza del Derecho a la Vivienda? ¡Han pasado tres años de su entrada en vigor!

. El PP andaluz, que también había dicho que no había razones para el recurso de inconstitucionalidad, llega a decir ahora que el Gobierno Central lo presenta ahora porque no se han admitido sus enmiendas en la tramitación en Andalucía. Ese es su concepto de la democracia. O gano yo y me das lo que pido, o me llevo el balón a mi casa y aquí no juega nadie.

Y, finalmente, puede concluirse que EL GOBIERNO DE RAJOY Y EL PP ESTÁ ABUSANDO DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DISPOSICIONES ANDALUZAS, haciendo un uso torticero del mismo al aprovechar sus efectos de suspensión. Aun le sangran las heridas de haber perdido en Andalucía y no dejan que el pueblo andaluz elija quién quiere que le gobierne. En los últimos años, el gobierno del PP ha recurrido: la Ley que establecía la incompatibilidad para ser Alcalde y Diputado autonómico (lo que no hizo cuando Fraga aprobó lo mismo en Galicia), las subastas de medicamentos (que supondrían unos 200 millones de ahorro al año) y, ahora, el DL antidesahucios. Además, mediante una maniobra filibustera, impidió que Andalucía y otras CC.AA. pudieran aplicar un impuesto a los depósitos bancarios, al establecerlo con carácter estatal y tipo cero; con ello cerró una nueva fuente de ingresos para las autonomías.

. A todo esto pueden añadirse el injusto reparto del déficit y la deuda entre gobierno central y comunidades autónomas. Y otras cosas en otros ámbitos como la ética personal (aborto), la educación (becas, Ley Wert, aumento de ratio alumnado/profesorado…), las privatizaciones, el ataque  a la sanidad pública, su práctica confesional católica, etc.

. Todo nos conduce a un mismo punto: la caverna negra, centralizada, pacata e hipócrita de la que creímos haber salido hace ya casi cuarenta años. Si no reaccionamos, estaremos dentro y será mucho más difícil salir.

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No se puede ser neutral. Decreto-Ley de la función social de la vivienda

Se publicó en “LA VOZ DE CÁDIZ” el domingo 28-04-2013

Hay muchas circunstancias en las que no se puede ser neutral. No se puede ser neutral ante determinados hechos de la historia ni se puede llamar a resolver determinados conflictos de hoy mediante la negociación y el diálogo entre las partes. Especialmente si se ignora la justicia, o si entre las partes hay el desequilibrio del fuerte y el débil, del verdugo y la víctima maniatada. No se puede apelar al diálogo y al acuerdo entre las partes para resolver el conflicto entre el maltratador y la maltratada. Porque no se dan condiciones de igualdad para la negociación y, porque, cuando una de las partes pone sobre la mesa de negociación la agresión y el abuso, no hay nada que negociar.

Pues bien: tampoco se puede ser neutral entre los bancos y las víctimas de las hipotecas abusivas y los desahucios. A raíz de la promulgación del decreto de la Junta de Andalucía sobre el derecho a la vivienda han sido muchas las voces, amplificadas mediáticamente, que han cargado contra éste, refugiándose en un tono de superioridad y neutralidad distante para acabar diciendo que la solución al tema de los desahucios, las hipotecas abusivas y la falta de vivienda solo puede venir por los caminos “de la negociación con los bancos, el consenso y el diálogo entre las partes”. ¿Diálogo? ¿Entre bancos prepotentes y sin piedad y víctimas sin recursos, sin trabajo y sin asesores? ¿Entre bancos que se benefician de unas ayudas públicas que pagamos todos sin cambiar su comportamiento y víctimas a los que no ofrece ningún tipo de amparo una ley arcaica e injusta como han reconocido los tribunales europeos? No, así no es posible el diálogo porque, en este asunto están muy claros los papeles de víctima y verdugo.

En una situación injusta, entre fuertes y débiles, hay que romper la neutralidad. Por eso, Izquierda Unida, que gestiona la consejería de Fomento y Vivienda, con el Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda, ha roto la neutralidad entre los que desahucian y los desahuciados. Ha empezado a poner un poco de racionalidad en el tema de la vivienda en Andalucía. Empezando por considerar la vivienda como un derecho social – como reconoce la Constitución – y dificultando la utilización de la vivienda como elemento de especulación, es decir, de ganancia fácil de determinados inversores que quieren multiplicar sus beneficios sin riesgo, como si de un juego de resultado cierto se tratase.

Lo que más ha dolido a alguno de los corifeos de la derecha ha sido el tema de la expropiación temporal de uso a aquellos bancos, inmobiliarias y empresas en general que pretendan desahuciar a familias en grave situación económica. Subrayamos que es “de uso”: es decir, no se suprime definitivamente la posesión. Pero es igual, haciendo gala de una tremenda falta de rigor, hablan de expropiación a secas y aprovechan para invocar el sacrosanto derecho de propiedad, en tono apologético y como si de un robo sacrílego se tratase. A nadie le extraña que se expropie para hacer el AVE, una autopista o, incluso, un campo de golf. Interés general, dicen entonces. Pero, ¿no es más interés general aún proporcionar a las familias su derecho fundamental a un techo? Han amenazado con recurrir constitucionalmente el decreto, pero poco recorrido hay por ahí. El Decreto-Ley de la Función Social de la Vivienda tiene un potente anclaje jurídico en la Constitución Española (Arts. 33, 40, 47 y 128), Estatuto de Autonomía de Andalucía (Art. 25) y, también, la Declaración Internacional de Derechos Humanos (Art. 25). Todos ellos vienen a coincidir en que disfrutar de una vivienda digna es un derecho y que la propiedad en cualquiera de sus formas está supeditada siempre al interés general.

Pero, además de los desahuciados, hay más víctimas. Se trata de quienes no pueden acceder a una vivienda en condiciones adecuadas. Porque la han perdido por desahucio o porque nunca la han tenido, como tantos jóvenes a los que se condena a no emanciparse nunca. Para todos ello, la vía más racional es el alquiler. Un alquiler barato, social. En Europa alquilan su vivienda un treinta y tres por ciento de las personas, aquí sólo lo hace un diecisiete. Y esto hay que cambiarlo, especialmente en estos tiempos de movilidad laboral impuesta. Por eso, en el decreto hay todo un paquete de medidas destinadas a favorecer el alquiler, obligando a poner en el mercado las numerosas viviendas vacías que acaparan y retienen bancos e inmobiliarias. Mientras hay gente que quiere alquilar, se retienen cientos de miles de viviendas, ocultando su depreciación mediante el saneamiento artificial de sus balances conseguido gracias a las ayudas públicas que pagamos todos, también los que no tienen vivienda. De ahí que se sancione al que acapara viviendas vacías, como consecuencia de sus frustrados afanes especuladores. Pero no solo hay sanciones: También hay incentivos para terminar con los motivos que hasta ahora han desincentivado el alquiler. Se habla de seguros contra desperfectos, de garantía de cobro, etc. Pero de eso se habla menos. Porque hablar de expropiaciones – sin decir, interesadamente, que son solo de uso y temporales – tiene mucho más morbo.

En definitiva, se trata de terminar de una vez por todas con la paradoja irracional de “casas sin gente y gente sin casa”. De acabar con la neutralidad interesada de las instituciones que, hasta ahora, miraban para otro lado mientras en sus narices se producían tremendos abusos de bancos e inmobiliarias contra la gente común. Gente que elige a los que están en esas instituciones, precisamente para que los defiendan. No para que sean neutrales contra sus agresores.

El nuevo modelo económico está aquí: NAVANTIA

Se publicó en el Diario de Cádiz el 29 de Marzo de 2013

Nadie se atreve a dudar de que, para que España – y Andalucía – salga de la crisis actual y fortalecida para minimizar el impacto de la próxima, es indispensable conseguir un cambio de modelo económico. Un nuevo modelo que no descanse casi en exclusiva en la construcción, que mantenga y potencie sectores tradicionales de nuestra economía (turismo, agricultura y pesca, y viticultura) y, sobre todo, que incorpore en mucha mayor proporción una actividad industrial cargada de investigación, desarrollo e innovación tecnológicos.

El poner en marcha nuevos sectores industriales no está resultando tarea fácil, tanto por la apatía inversora de estos tiempos como por las dificultades para el flujo de crédito derivadas de una banca anclada en una cultura de beneficio especulativo intenso a corto plazo y preocupada solo de tapar sus múltiples agujeros, eso sí, con la ayuda de todos a través de las subvenciones públicas.

Por eso, cuando desarrollar cosas nuevas es complicado, parece que lo razonable sería mirar alrededor y buscar si ya tenemos cerca algo de lo que buscamos. Algo de ese nuevo modelo económico, con industria, con alta presencia tecnológica y que surge de la investigación y el desarrollo aplicados. Y resulta que sí. ¿O estamos ciegos? En la Bahía de Cádiz tenemos un sector industrial potente, el sector naval articulado en torno a Navantia, que reúne todas las condiciones que estamos buscando para ese llamado nuevo modelo económico.

En Navantia estamos hablando de industria, de innovación, de investigación aplicada, de alta tecnología. Estamos hablando de empleo, de personal sumamente cualificado. Estamos hablando también de alto valor añadido (otra cosa es la necesidad de competir en condiciones de financiación). En Navantia estamos hablando, sobre todo, de alta rentabilidad social medida en términos de empleo y de actividad económica general inducida.

Sin embargo parece que el gobierno de Rajoy no lo entiende o no lo quiere entender… especialmente para los astilleros de la Bahía de Cádiz. De manera sorda, a veces a través de opiniones publicadas o radiadas, se deja filtrar la especie de que los nuestros astilleros solo hacen cascarones más o menos grandes. Se induce, o al menos se deja correr, la idea de que los productos que salen de la Bahía de Cádiz tienen un escaso contenido tecnológico, que son el casco de acero y poco más; pero nada más lejos de la realidad. Navantia Bahía de Cádiz es capaz de producir hoy buques sofisticados con todo tipo de sistemas y automatismos de control, hasta con elementos de lujo y confort. Elementos de lujo y confort que no son ajenos a la gran experiencia que Navantia está adquiriendo en el mercado de reparación de cruceros, sobre todo, en los astilleros de Cádiz. Experiencia que podría servir para, en cualquier momento, dar el salto también a la construcción de cruceros.

También, en los últimos días, desde la propia dirección de Navantia, la SEPI y hasta el propio gobierno se ha lanzado el globo sonda de que son necesarias rebajas salariales de los trabajadores para ganar en competitividad. Con independencia de la pelea que sobre este tema seguramente harán los sindicatos en su momento, podemos decir sin temor a equivocarnos que el gran problema de Navantia hoy, en lo que afecta a su competitividad no son los salarios. El grado de desarrollo tecnológico de los productos que hoy oferta Navantia es tal, que el coste de materiales y componentes diversos puede rondar el 70%. Como tuvimos ocasión de conocer en una visita reciente a las instalaciones de Puerto Real, el gran problema de Navantia, el auténtico cuello de botella que amenaza con estrangular su futuro es, precisamente, la falta de carga de trabajo. Una carga de trabajo que prácticamente dura ya dos años en Puerto Real y que convierte sus magníficas instalaciones en algo que, aunque está listo para arrancar en cualquier momento, es cierto que no resulta atractivo para un potencial cliente. Cuando viajamos, ¿solemos parar en los bares de carretera que están vacíos? Falta de carga de trabajo que, en términos contables convierte directamente en pérdidas los gastos fijos estructurales.

Falta de carga de trabajo que solo se puede resolver con una política comercial más inteligente y agresiva, con implicación de toda la potencia diplomática y capacidad de influencia del gobierno y, si de algo sirviera, hasta con la utilización de la monarquía. Pero parece que ni este gobierno de Rajoy, ni los anteriores, quieren o saben hacerlo. O pintamos muy poco en el panorama internacional o, inadmisible e incomprensiblemente, alguien en Madrid quiere hacer daño a los astilleros de Cádiz.

No caigamos en el victimismo fácil; pero algunas de las decisiones que recientemente se han tomado, o pudieran tomarse, respecto a los astilleros de la Bahía resultan sumamente preocupantes. No se entiende que el desarme o desguace del Príncipe de Asturias se haya llevado a Ferrol, cuando el barco tenía su base en Rota y, sobre todo, cuando en los astilleros de la Bahía se le conocía al detalle por haberse encargado de sus reparaciones programadas. Es asombroso también que en los astilleros de Ferrol se estén planteando realizar una costosa inversión en un dique… que ya existe y está vacío en la Bahía de Cádiz. Y esto, en una empresa como Navantia, con su cuenta de resultados en rojo bermellón, es intolerable.

Por todo ello, es imprescindible la constitución de un amplio frente, no solo institucional sino social amplio, en defensa de los Astilleros de la Bahía de Cádiz. Liderado por la Junta, si es preciso, pero con la participación de todos: Diputación, Ayuntamientos de la Bahía, agentes sociales, colectivos ciudadanos… para defender los astilleros de la Bahía de Cádiz. Ante todo, para conseguir llenar sus gradas, naves y diques de carga de trabajo estimulando y exigiendo la adecuada política comercial. Pero también para evitar distorsiones interesadas de la percepción de nuestros astilleros, para mejorar su imagen y, sin ir contra nadie, para que todo (inversiones y pedidos) se racionalice y reparta mejor y para que la Bahía de Cádiz deje de ser la prima pobre de Navantia… ¿porque en Andalucía no gobierna el Partido Popular?

Algunos solo se darán cuenta de lo que nuestros astilleros significan para la provincia de Cádiz y Andalucía si alguna vez se pierden. Confiemos en que eso no suceda nunca.

ERES y Bárcenas. ¿Hacia una gran crisis institucional?

El caso ERES no puede servir para tapar el caso Bárcenas, como a algunos les gustaría. Porque, con sus similitudes y diferencias, ambos son sumamente graves.

Recordemos ahora  algo sobre la Comisión de Investigación sobre los ERES del Parlamento de Andalucía. Ante todo que, tras haber sido rechazada diez veces por la mayoría absoluta del PSOE, fue creada gracias al decisivo voto de IU. Es decir, gracias a IU. Pero, en cualquier caso, se creó; lo que no es muy común ni ocurrió, por ejemplo, en el caso Bárcenas, en la Gürtel, con Bankia… Ello honra al Parlamento de Andalucía.

En cuanto al desarrollo de la comisión hay que señalar la sistemática negativa a declarar de muchos de los comparecientes. Y, lo importante, que la comisión de Investigación no fue capaz de presentar a la sociedad andaluza un dictamen coherente, pues la propuesta de dictamen realizada por la presidencia de la comisión fue mutilada por la coincidencia (¿sorprendente?) de PP y PSOE en eliminar de dicha propuesta elementos fundamentales. Afortunadamente, el bodrio resultante tras la mutilación – inconexo e incongruente –  fue rechazado por el Pleno del Parlamento. Dicho con claridad: No hubo dictamen de la comisión propiamente dicho que estableciera responsabilidades políticas y tampoco, consecuentemente, que exculpara a nadie.

Por ello, y aun a riesgo de parecer inmodesto, esa propuesta de la presidencia de la comisión sería lo más próximo al dictamen coherente que, a nuestro juicio debió haber emitido la comisión.  Es también reflejo del intenso trabajo realizado por ésta la cual, aun no disponiendo de medios de investigación equivalentes a los del poder judicial (Guardia Civil, sobre todo), entre otras cosas detectó y denunció lo siguiente:

– El diseño de un procedimiento de pagos a través de la Agencia IDEA, incluso cuando se situaba en una Consejería distinta a la de Empleo que era la que concedía las ayudas. Concebido con la excusa de agilizar la tramitación y eliminar la burocracia, lo que consiguió en realidad es dificultar enormemente los controles.

– La presencia de intrusos como beneficiarios de las pólizas de los ERES y la falta de criterios al determinar qué ERES se subvencionaban y cuáles no. También, la concesión de forma arbitraria de ayudas directas a empresas.

– La inexistencia de procedimientos de selección para aseguradoras e intermediarios y el pago de elevadas comisiones a estos (en algunos casos llegaron al 29%).

El documento propuesta de la presidencia de la comisión, también establecía responsabilidades -siempre en el terreno de lo político- del tenor siguiente:

– EXPLÍCITAS: En el ámbito de la Consejería de Empleo y, concretamente, en el Director General de Trabajo Francisco Guerrero (mantenido casi 10 años en el puesto y por dos consejeros), los Viceconsejeros de Em-pleo Antonio Fernández y Agustín Barberá y los Consejeros de Empleo Francisco Viera y Antonio Fernández. Se decía también que el entonces Interventor General de la Junta pudo hacer algo más, como un informe de actuación, sin que esto sea óbice para reconocer que reiteradamente había advertido de irregularidades.

– IMPLÍCITAS POR MALA PRÁCTICA: En uno u otro grado, en todo el gobierno. Porque se elegían mal y por-que  no se controlaba a los subordinados. Y, porque, a pesar de que el Consejo de Gobierno es responsable solidario de sus decisiones, nadie se enteraba de nada.

Hasta aquí el resumen de lo que pudo ser y no fue el dictamen de la Comisión de Investigación. En línea con el mismo, ahora se habla de que las cuantiosas comisiones se derramaban desde las intermediarias, al me-nos, a Guerrero, y Lanzas, con la posible existencia de empresas interpuestas y testaferros para el blanqueo del dinero. Con independencia de la responsabilidad política, que nadie ha asumido aún, y de la ineludible recuperación de los fondos mal repartidos,  ¿qué puede pasar a partir de ahora?

Evidentemente, puede ser que todo se quede en el entorno de los “cuatro golfos” y no vaya más allá; pero con la inercia actual de los acontecimientos no parece fácil. Lo peor que podría ocurrir es que, al seguir la ruta del dinero, acabase imputado, por acción u omisión, algún miembro del gobierno actual o alto cargo orgánico del PSOE. Sería grave, ¡muy grave! De crisis. La verdad tiene que saberse “caiga quien caiga”. Que lo que tenga que ser se sepa y que sea pronto. Con claridad, con pruebas y sin insinuaciones gratuitas
Pero, insistimos, el caso ERES no debe servir para tapar otros casos. Porque lo que hoy es posible en los ERES ya se ha detectado – presuntamente – en el caso Bárcenas. Podríamos decir que “Bárcenas” va por delante de “ERES”. En efecto: La Fiscalía ya ha hablado de posible financiación irregular del PP y parece bastante claro que hay altos cargos institucionales y orgánicos del PP presuntamente relacionados con las tramas de Gürtel y los papeles de Bárcenas. No hay tantas diferencias entre ambos. Porque el dinero de Bárcenas también “es de los parados”, como le gusta decir al PP. Posiblemente, ha venido de donaciones al partido que nunca son gratis y que se acaban repercutiendo en el precio de las contratas. O sea, lo pagamos todos.

Lo malo es que, de coincidir en ambos casos los peores escenarios, la crisis institucional tendría alcance nacional. Y, seguramente, a alguien se le ocurriría proponer un gran pacto  de estado contra la corrupción – con la tercera pata, la monarquía, al frente, por supuesto – de forma que todo quedase en nada a los sones de un “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir” en versión coral. Coincidencias ya hubo en la comisión de los ERES y en la reforma de la Constitución.

No, por favor. Que dejen trabajar a la justicia y que colaboren con ella al máximo. Y que termine pronto este esperpento. Porque la ciudadanía empieza a estar harta… y con razón.

Injustos con Chávez y Castro …J.A.

Tras la muerte de Hugo Chávez han proliferado en la prensa “correcta” ciertos sarcasmos, incluso burlas, sobre la figura de Chávez y, también, sobre quienes se han definido como admiradores, seguidores o sobre quienes, simplemente, reconocen en Chávez una figura histórica, una referencia en muchos aspectos y una esperanza para amplias capas de población en América Latina. El último en sufrir las iras de plumíferos y tertulianos entregados a la democracia “de mercado” ha sido José Antonio Castro, Portavoz del Grupo de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía por decir que le gustarían para Andalucía determinadas políticas que se aplican en Venezuela.

Sarcasmo, burla, ironía, crítica… pero con muy poco rigor. A estas alturas, con tanta gente ya en la cuneta, ¿álguien en su sano juicio piensa que nuestro sistema de democracia formalista es mucho mejor que lo de Venezuela y otros países de Latinoamérica? ¿Mejor un sistema como éste convertido en máquina de fabricar parados, desahuciados y marginados, por un lado, y grandes fortunas, por otro?.

Se critica y criticó a Chaves – y a otros presidentes latinoamericanos – por modificar la constitución para poder prolongar el número de sus mandatos y tener más tiempo para culminar su proyecto. ¿Hay en España, o en Andalucía, alguna limitación al número de mandatos de los presidentes de gobierno? Pero aquí se modificó la constitución por un pacto entre dos partidos para dar a los bancos prioridad para cobrar. Ah, y que no se olvide, aquí, el Jefe del Estado lo es, si quiere, hasta que se muera y, encima, no lo ha elegido nadie. Chávez ganó cuatro elecciones democráticas ¿o no? ¿A quién habría que decirle “¿por qué no te callas”?

Se habla con desprecio de la actuación de Chávez con determinados medios de comunicación que, sistemáticamente, se dedicaron a boicotear sus políticas, lo que le llevó a potenciar los medios públicos. ¿Es mejor nuestro sistema mediático, sometido a los intereses de los accionistas y esclavo de la publicidad que la sostiene, esto es, de las grandes empresas y bancos y, también, de la institucional del gobierno de turno? Ya sabemos lo que pasa cuando algún columnista se sale del tiesto: lo censuran y no lo publican o, directamente, prescinden de sus servicios. Yo mismo tengo la experiencia reciente de que un grupo mediático conservador no me publicara un artículo (suele publicar en Cádiz uno al mes de cada fuerza política) porque el cuestionar determinados comportamientos de la Iglesia Católica “era muy delicado”. ¿Libertad de expresión?

Pero vayamos a lo principal. Chávez, con su política de gestión del petróleo – y como hacen hoy otros gobernantes de Latinoamérica – ha reducido la pobreza de Venezuela a la mitad (lo que no habían hecho con el mismo petróleo socialdemócratas corruptos como Carlos Andrés Pérez); con sus acuerdos con Cuba (“Médicos por petróleo”) ha acercado la sanidad gratuita a todo el pueblo; y ha extendido la educación pública y gratuita a toda la población. Insistimos, ganado elecciones democráticas. Mientras tanto, aquí pobreza, paro y privatizaciones sanitarias y educativas. ¡Y nos atrevemos a dar lecciones!

Pues sí, yo, como Castro (José Antonio), me apunto a soñar para España y Andalucía muchas de las políticas de Chávez. Con modulaciones, si se quiere, pero políticas socialistas de verdad al fin y al cabo..

¿O nos conformamos con esto?.

Yo no. Como muchos, cada día al alba, soñamos con un ALBA que marca diferencias dando luz a las personas por encima de los mercados y la preferimos a esta Europa negra de restricciones y recortes, donde realmente gobierna alguien a quien nadie hemos votado.

Benedicto ha afeitado sus barbas

Dice el viejo refrán “cuando las barbas de tu vecino veas afeitar pon las tuyas a remojar”.

Benedicto XVI ha dimitido. Las causas no están claras. Se sitúan en un amplio espectro que va desde la manida “razones de salud” hasta otras, más o menos rebuscadas, que hablan de conspiración palatina curial (del estilo de El Padrino III), pasando por escándalo a saltar, aislamiento, soledad, cansancio, generosidad también, etc… Por cierto: qué morbosas y desagradables resultan algunas de las frases que se han oído como “de la cruz no se baja” (¡!).

En cualquier caso se ha roto un tabú fundamental: la tradición se puede cambiar. Cualesquiera que sean las causas de la dimisión – apasionante tema para expertos en investigación histórica contemporánea y novelistas – Benedicto se ha saltado la costumbre de morir en el papado tras una agonía más o menos exhibida y comparada con la cruz. Ha afeitado la barba de que la tradición es inmutable. Setecientos años después y en una institución, la Iglesia Católica, que apoya gran parte de sus características en esa tradición, a veces, interpretada interesadamente. Institución que, guste o no, aún tiene mucha influencia en el mundo; quizás demasiada.

Teniendo en cuenta la responsabilidad histórica de la Iglesia Católica en situaciones de opresión, como la de la mujer, y en el mantenimiento de posiciones anacrónicas en casi todo lo que gira en torno a la sexualidad y la afectividad, se deberían poner a remojar todas esas barbas que, según dicen muchos que saben de esto, no tienen ninguna justificación teológica; solo la tradición. Nos referimos a cuestiones como la contumaz postergación de la mujer dentro de la propia iglesia al prohibirle acceder al sacerdocio y a otros órganos de gobierno, a la posición respecto al matrimonio homosexual, a la actitud con los divorciados, ante el celibato opcional, etc. Todas estas cosas habría que remojarlas para empezar a afeitarlas enseguida.

También habría que remojar cuestiones más de fondo. Como la propia organización de la Iglesia, sus relaciones con el poder establecido (¿hasta cuándo el trasnochado concordato español?) y los privilegios (educación, patrimonio sin IBI…), la consideración del Vaticano como un estado, los intereses económicos, el despilfarro incluso en algunas cuestiones litúrgicas y de boato.

Las comunidades cristianas de base – ignoradas, olvidadas, cuando no despreciadas por la jerarquía – llevan años soñando con todo eso, creyendo con esperanza en todo eso. Difícil parece, sobre todo si se analiza el método de sucesión papal: endogámico, endocéntrico, gerontocrático, sin transparencia y exclusivamente masculino. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde el análisis y el debate? ¿Dónde la mujer y la juventud? También esta falta de participación – en el fondo miedo a la libertad – habría que ponerlo a remojar.

P.D.:

Y, ya puestos, otras instituciones y entidades podrían también mojarse las barbas e ir pensando su dimisión. Porque, a veces, la dimisión es la única salida digna, o menos mala, a situaciones podridas, cuando a uno le rodea el escándalo y empieza a oler mal alrededor. Y hablamos de dimisión (como Alfonso XIII) y no de abdicación. Porque esa sucesión es aún peor que la elección papal donde, al menos, alguien vota. Y no pensamos solo en el monarca. También en el gobierno.

Ignacio García

Parlamentario andaluz por Izquierda Unida